El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso trasparente y equitativo al trasplante.

El Incucai es una entidad descentralizada que depende de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación. Sus acciones se orientan a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Trasplante de Órganos, normativa que establece las líneas de su funcionamiento, para satisfacer la demanda de los pacientes que esperan un trasplante.

La misión del Incucai es promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional, garantizando transparencia, equidad y calidad. La visión apunta a construir un sistema inserto en la estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas a las múltiples demandas de trasplantes, sustentado por la confianza y la actitud positiva de la comunidad hacia la donación.

Los recursos humanos manifiestan un compromiso social alimentado por los valores que identifican la misión institucional. Esta estructura profesionalizada con alto grado de especialización, al servicio de la vida y la salud, brinda la posibilidad de garantizar las acciones y procesos destinados a incrementar la procuración de órganos.

Con la firma de su Carta Compromiso (PDF 5.1 Mb), en el marco del programa impulsado por la Subsecretaría de Gestión Pública de la Nación, el Incucai ha sellado formalmente este compromiso con los ciudadanos. A través del documento, en cuya redacción participó todo el personal del organismo, se compromete a trabajar para mejorar la calidad de los servicios que presta. De esta manera, el Incucai asume públicamente un proceso de superación continua.

El Incucai asume las responsabilidades específicas que le han sido asignadas a través de la legislación vigente, entre las que se incluyen:

• Confeccionar y actualizar permanentemente las listas de espera de potenciales receptores.
• Coordinar la distribución de órganos y tejidos para trasplante.
• Determinar los procedimientos para el mantenimiento de potenciales donantes y el transporte de los órganos.
• Dictar normas para la habilitación de los establecimientos que realicen actos médicos comprendidos en la temática, la autorización de los profesionales los practiquen.
• Brindar asistencia a los organismos jurisdiccionales en el Programa Federal de Procuración (PDF 230 Kb).
• Realizar el seguimiento de los pacientes trasplantados con fines estadísticos.
• Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en relación a campañas masivas.
• Proponer normas técnicas a la autoridad sanitaria.
• Realizar actividades de capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados a la temática.
• Llevar los siguientes registros:
  1. personas que manifiestan su oposición a la donación,
  2. personas que se expresan a favor,
  3. registro de testimonios de última voluntad,
  4. destino de los órganos ablacionados.
• Registrar los datos de los potenciales donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y la información de los estudios de histocompatibilidad que se realicen en los laboratorios habilitados a tal fin.
• Intercambiar información con los países que tengan Registros de Células Progenitoras Hematopoyéticas para dar cobertura aquellos pacientes que la requieran.

Los trasplantes se afianzaron hacia fines de la década de los ’70, gracias al descubrimiento de nuevas drogas inmunosupresoras. En este contexto, y con la progresiva demanda de trasplantes, el Estado argentino se vio ante la necesidad de regular la práctica. Por ello, en 1977 dictó la Ley 21.541 que dio nacimiento al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI). El CUCAI, que comenzó a funcionar en 1978, surgió entonces como el organismo de procuración nacional a cargo de la normatización de la actividad.

En un comienzo se desarrollaron programas de trasplante renal en el área metropolitana de Buenos Aires. A principios de los ’80, con un marco regulatorio y el control de la inmunosupresión, se fueron constituyendo organismos de procuración provinciales en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Luego, se desarrolló el criterio de organización del país en regionales, cada una con una jurisdicción cabecera que centralizaba las acciones locales, modelo que afirmó la tendencia de crecimiento.

En paralelo, los programas de trasplante hepático y cardíaco se sumaron a los equipos de trasplante renal en marcha. En 1980 comenzaron a realizarse trasplantes cardíacos exitosos en forma sistemática. En 1986 se modificó la Ley 21.541, sancionándose la Ley 23.464. Dos años más tarde, se realizó el primer trasplante hepático. Durante esta década, Córdoba fue la provincia que logró el mayor crecimiento, con la obtención de un tercio de los órganos que se trasplantaron en todo el país.

El incremento más importante, y por ende la consolidación de la actividad, se experimentó en la década del ‘90 al promoverse desde el Estado políticas sanitarias que impulsaron nuevas instancias de coordinación. Se crearon organismos jurisdiccionales de procuración en la mayoría de las provincias argentinas, y de esta manera se optimizó la cobertura territorial. En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el CUCAI se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.

A principios de los noventa se destacó el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos Aires, y se puso en funcionamiento oficialmente dentro del sistema público de salud el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante  de Buenos Aires (CUCAIBA). En ese momento comenzó un crecimiento sostenido aunque diverso en las distintas regiones del país.

Los avances científicos posibilitaron concretar trasplantes pulmonares en Argentina en 1992.  Al año siguiente, se aprobó la Ley 24.193 de Trasplante de Órganos, normativa que rige en la actualidad con las modificaciones incorporadas por la Ley 26.066. Más tarde, se iniciaron los trasplantes de páncreas, y luego de intestino. La actividad de ablación e implante experimentó un crecimiento sostenido hasta 1995, año en que se detuvo la curva ascendente en la procuración de órganos.

Para revertir esta tendencia, en 2003 el Incucai lanzó el Programa Federal de Procuración (PDF 230 Kb) de Órganos y Tejidos, con la premisa básica de incrementar la procuración de órganos para implante de modo que éstos superen la incidencia de ingresos de pacientes en lista de espera.  En ese año comenzó a funcionar en el ámbito del Incucai, el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) –creado por la Ley 25.392– para dar respuesta a personas con indicación de trasplante de CPH, conocido popularmente como trasplante de médula ósea, que no contaran con un donante compatible dentro de su grupo familiar.

En 2005, tras un extenso debate parlamentario, se aprobó la Ley 26.066, modificatoria de la 24.193, que incorporó la figura del donante presunto para las donaciones de órganos. La normativa, que establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante con excepción de quienes manifiesten su voluntad con contrario, entró en vigencia en 2006 y permitió que la actividad de procuración continuara en ascenso.

En la actualidad nuestro sistema de salud cuenta con miles de profesionales capacitados y más de 300 centros de trasplante habilitados, coordinados y fiscalizados por el Incucai en todo el país. La conciencia sobre la importancia de la donación ha crecido y hoy más de 2 millones de personas han manifestado la decisión de donar sus órganos y tejidos y otras 30.000 se han inscripto como donantes de CPH.

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